En el año 2010 se retomó la negociación para la adhesión al Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea (UE). Tras cuatro rondas de negociaciones, el país inició el año 2016 con la expectativa de que el acuerdo entre en vigencia a finales del año y justo a tiempo para contrarrestar el efecto del vencimiento irrevocable de las preferencias arancelarias unilaterales SPG-plus, otorgadas por el bloque europeo hasta diciembre de este año. Sin embargo, la coyuntura desfavorable de la economía ecuatoriana y las decisiones de política económica para contrarrestar su efecto ponen en tela de duda que se mantengan los plazos inicialmente establecidos.

Este proceso de apertura comercial facilitaría el acceso de la oferta exportable del Ecuador a una comunidad de 28 naciones, con más de 500 millones de habitantes. Se liberalizarían 32,7% de las exportaciones ecuatorianas de productos agrícolas básicos y, parcialmente, el 67,3% restante, a través de cuotas de exportación y otros mecanismos. Para el caso de los productos agrícolas procesados, 99,9% se mantendrían sin aranceles o se liberalizarían inmediatamente y 0,2% tendrían una liberalización parcial.

Adicionalmente, si bien el acuerdo no regula la inversión extranjera, la firma generaría un entorno seguro para las relaciones comerciales al regirse a las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las reglas internacionales de propiedad intelectual, según el jefe de Misión de la UE, Peter Schwaiger.

 

Shocks externos en la economía y la política comercial

Entre el 2014 y 2016, la economía ecuatoriana ha enfrentado varios shocks o perturbaciones macroeconómicas de carácter exógeno con consecuencias negativas en su desempeño. Entre junio-2014 (máximo) y febrero 2016 (mínimo), el precio del petróleo marcador WTI pasó de $ 105 a $ 30 por barril, y, a la par, el dólar se apreció en promedio 75% con relación al peso colombiano,  25% respecto al sol peruano, 26% con relación al euro y 23% a la libra esterlina (investig.com), en el mismo período.


Gráfico 1. Variación del tipo de cambio de las monedas de países vecinos del Ecuador


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Fuente: www.investig.com

Estos fenómenos —sobre los cuales el país carece de control— afectan directamente los niveles de liquidez de la economía al golpear a las exportaciones y, por lo tanto, a las divisas que entran al país. De acuerdo a los últimos cálculos del Banco Central del Ecuador (BCE), estos shocks han reducido las exportaciones del país en más de $ 15 mil millones (M) en menos de dos años; por lo que, entre otras causas, la institución prevé un decrecimiento de 1,7% de la economía en 2016.

Adicionalmente a la caída del precio del petróleo y el fortalecimiento del dólar, los desastres naturales han estado constantemente presentes y amenazantes en los últimos dos años. Recientemente, el país estuvo expuesto a movimientos telúricos de magnitudes considerables que causaron importantes daños. Tal es el caso del sismo de Quito en agosto de 2014, con 50 réplicas, y el terremoto de 7,8 grados del 16 de abril de 2016, el cual, de acuerdo a cálculos oficiales, generó pérdidas por $ 3.344 M y más de 600 víctimas fatales.

En términos de política económica, estos shocks externos han llevado a la implementación y anuncio de medidas de política comercial que han dificultado el proceso de las negociaciones con la UE. Con respecto al efecto de la apreciación del dólar, a partir del 11 de marzo de 2015 se implementaron sobretasas arancelarias entre 5% hasta 45% a 2.960 productos. Las autoridades sustentaron esta medida con el argumento de protección del aparato productivo del país y sostenimiento de la dolarización. (ver informe “Salvaguardias y sostenibilidad del modelo económico:efectos e impactos en el DMQ”. http://institutodelaciudad.com.ec/noticias/54-salvaguardias-y-sostenibilidad-del-modelo-economico-efectos-e-impactos-en-el-dmq-2.html )

En mayo de 2015, la OMC aceptó la sobretasas arancelarias propuestas por el Gobierno del Ecuador con la condición de su eliminación gradual hasta junio de 2016.  Sin embargo, el Comité de Comercio Exterior (Comex) decidió diferir por un año el cumplimiento del cronograma de desmantelamiento de las salvaguardias bajo la justificación de los efectos negativos del terremoto y la lenta recuperación de la economía. Esta decisión causó malestar entre las autoridades encargadas del seguimiento del acuerdo comercial con la UE y manifestaron que el Ecuador debía regirse a las normas de la OMC para continuar con el proceso.

A propósito y con la finalidad de acelerar la firma y ratificación del acuerdo, el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, anunció el compromiso del desmantelamiento parcial de las salvaguardias en una primera fase, a partir del 26 de octubre de 2016. Las salvaguardias se reducirían del 40 al 35% para 1.392 partidas, del 25 al 15% para 392 y se mantendrían, con un 15%, para 452 rubros. En una segunda fase, el cronograma de reducción gradual de las salvaguardias sería básicamente entre abril y junio del 2017.

Según algunos representantes gremiales, como Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano y Richard Martínez, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, las salvaguardias deberían ser desmanteladas en su totalidad pues ya cumplieron su función de reducción de las importaciones y en el segundo trimestre del año, la balanza comercial goza de un superávit $ 865 M. Así mismo, los empresarios consideran que las sobretasas han causado serias distorsiones, han frenado las inversiones y han encarecido la producción. En cifras, las salvaguardias dejaron $ 788 M al fisco en 2015 e incidieron en la reducción de $ 2.243 millones en importaciones, es decir 32% menos frente al 2014, según datos de la Aduana.

Para el embajador de Italia en Ecuador, Marco Tornetta, las salvaguardias representan un factor irritante para la definición del acuerdo, ya que, según el experto, ningún acuerdo puede firmarse sin la supresión de las sobretasas arancelarias. Entre otros temas pendientes está la acreditación de los productos orgánicos de Ecuador y la hoja de ruta de medidas sanitarias: asistencia técnica, requerimientos en materia de asuntos sanitarios y fitosanitarios, según Cassinelli.

Las autoridades gubernamentales, así como los representantes de la UE, han demostrado su interés para que la firma del acuerdo se lleve a cabo con una fecha tope hasta el 11 de noviembre, con la consiguiente ratificación hasta diciembre, y, de esta manera, lograr que el acuerdo entre en vigencia en enero de 2017. Tal es el caso del pronunciamiento de la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmstron, quien pidió a la presidencia del Consejo que la aprobación del acuerdo se realice en el Consejo de Asuntos Exteriores el próximo 17 de octubre y así lograr su aplicación provisional desde el 1 de enero de 2017. Por tal motivo, octubre representa un mes clave para la definición de la entrada en vigencia del acuerdo; sin embargo, preocupa la premura de los plazos para su consecución.

En el caso de que la entrada en vigencia del acuerdo se posponga para el siguiente año, esto implicaría que el Ecuador inicie 2017 sin preferencias arancelarias, lo que generaría pérdidas para el sector exportador por $ 400 M equivalentes en aranceles anuales y $ 100 M en términos trimestrales, según cálculos oficiales. Como alternativa, el Gobierno ha planteado extender el mecanismo de compensación simplificada conocido como drawback para cubrir el primer trimestre de 2017; no obstante, cabe señalar que, a septiembre de 2016, el Gobierno acumula un compromiso pendiente con los exportadores de aproximadamente $ 230 millones por el mismo concepto. En el peor de los escenarios, si la vigencia del acuerdo comercial se difiere más allá del siguiente año, las exportaciones pasarían de $ 3.126 M en 2013 a $ 2.658 M en 2017, mientras que, con el acuerdo, estas llegarían a $ 4.136 M, según cálculos de Fedexpor.

Más allá del costo de oportunidad en términos monetarios, la ausencia de un convenio comercial  implicaría graves consecuencias a largo plazo, ya que el Ecuador podría perder su cuota de mercado en la UE al ser desplazado por sus vecinos, Colombia y Perú, así como por otros países. En este sentido, el país se encuentra en el dilema entre mantener los mecanismos proteccionistas para evitar la salida de dólares —provocada por los shocks externos— o abrirse al proceso de globalización.