La propuesta de las leyes de Equilibrio de las Finanzas Públicas y la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Social se basó en la necesidad de financiamiento del gobierno central para cubrir el déficit presupuestario, y para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto del 16 de Abril. A pesar de esto, dentro de las mismas leyes se incluyen incentivos al uso de moneda electrónica otorgando una devolución de 4 puntos del IVA a las transacciones realizadas con este medio de pago. De esta forma, las leyes económicas urgentes aprobadas los dos últimos meses buscan por un lado financiar al gobierno a través de la recaudación de impuestos, y por otro inducen indirectamente una menor recaudación dada la devolución del dinero a los consumidores. Dos factores se contraponen en este conflicto, los efectos impositivos en la economía real y las incertidumbres de un medio de pago caracterizado por la desconfianza.

Por un lado, la discusión acerca del incremento de los tributos ha venido principalmente del gremio empresarial, mientras que la preocupación acerca del mecanismo de pago en dinero electrónico ha venido desde la banca privada. Así, los representantes de los Gremios argumentan que la medida (i) ocasionará que el nivel de consumo de los hogares caiga,  y que (ii) esto afectará a toda la población a diferencia de lo argumentado por el gobierno, ya que hasta los bienes que no gravan IVA se encarecerán debido a que en su proceso de producción se incluyen productos que si son gravados. Los problemas que enfrentan los empresarios actualmente son la caída en las ventas y los niveles de liquidez como ha sido manifestado a través de Richard Martínez (Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano) (Link Noticia). Como es de esperarse, dichos problemas no están aislados de su postura; una caída de las ventas ocurriría a partir de la disminución esperada del consumo, y los problemas de liquidez agravarían aún más el encarecimiento de bienes intermedios necesarios para la producción.

Por otro lado la banca privada, a través de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y autoridades de los bancos, han manifestado su preocupación acerca la introducción de dinero electrónico, manifestando: (i) que es una buena idea pero está mal aplicada ya que el Banco Central carece de confianza por parte del usuario, (ii) que no hay garantías de que el dinero captado no sea usado para las necesidades de financiamiento de corto plazo del gobierno, y (iii) que esta medida puede ser fuente de emisión inorgánica de dinero. Dicho en una sola palabra, la preocupación se basa en un factor, la desconfianza.

En palabras del gerente del Banco Central, la posición de la banca de no participar muestra la libertad que el sistema promueve acerca de la participación voluntaria de los actores, y su posición responde a intereses de la misma por capturar el negocio de los medios de pago electrónicos (Link noticia). Además, el BC ha manifestado que el financiamiento al gobierno no se ha hecho con recursos de la banca privada y que tampoco se lo hará con los recursos captados por dinero electrónico ya que sería incorrecto. Sin embargo, el presidente del Banco del Pichincha, Antonio Acosta, asegura que los bancos están guardando sus propias reservas en sus instituciones ya que saben que su encaje en el BC no está al 100% (Link noticia), contradiciendo las afirmaciones de las autoridades.

A pesar de la postura de la banca privada, los incentivos de la utilización de dinero electrónico están aprobados y ahora está en las manos de los compradores y posibles usuarios la decisión de utilizar o no este medio de pago.

Los efectos para el gobierno central de la utilización de dinero electrónico por lo tanto son claros, restan ingreso por concepto de pago de IVA, pero logran capturar liquidez a través del dinero depositado en el sistema del BC y extendiéndola dependiendo de la temporalidad de permanencia de los recursos dentro del sistema. Los posibles efectos sobre los usuarios también son claros, se liberaría el ingreso disponible a través de la recuperación de un 4% sobre el precio de un bien, permitiendo a los usuarios utilizar esos recursos en otra actividad dada la reducción de la carga tributaria. Dicho efecto también aplicaría para el caso de empresarios que decidan realizar compras con este medio de pago y podría ser una alternativa a las preocupaciones de los gremios empresariales. Resta valorar el real impacto de estas medidas en un contexto recesivo como el actual, en particular por el efecto de la subida del IVA que seguramente abona en esa dirección. 

Por otro lado, a diferencia del sector empresarial, parecería ser que las preocupaciones de la Banca Privada como negocio están relacionadas directamente con los efectos que la misma enfrentaría por el uso del dinero electrónico. El negocio de los bancos se vería afectado si es que (i) el Banco Central maneja de forma independiente la plataforma de dinero electrónico, o si es que (ii) el dinero es utilizado por el Gobierno Central para sus necesidades de financiamiento de corto plazo, o si es que (iii) es un camino a la creación inorgánica de masa monetaria. La Asociación de Bancos, al igual que el dueño del Banco más grande del país han declarado que sus instituciones no participarán de la plataforma pública. Sin embargo, si los incentivos del gobierno son suficientemente fuertes para la participación, existiría inmediatamente una transferencia de recursos desde la banca privada a la banca pública, independientemente de la postura de la institución financiera. Es justamente en la transferencia de recursos dónde los bancos privados se verían afectados, lo que significaría una reducción progresiva de los depósitos proporcional a la cantidad destinada por los agentes para realizar compras de bienes. Debido a que la cuenta del BC no es una cuenta de ahorro y no paga intereses como en el caso de la Banca Privada, el BC no será capaz de movilizar todo el ahorro de las familias al sistema público sino solo una parte. Así, dado que la cantidad de depósitos que se podrían movilizar hacia afuera de la banca privada dependen de la confianza que genere la plataforma pública, el cuestionamiento de dicha confianza funciona como un escudo protector de los depósitos que utiliza la banca. Resulta por lo tanto, que la preocupación de quien maneje el dinero electrónico, cómo se lo maneje, o que se haga con los recursos, no cambiaría la estructura del modelo de negocio de la banca, pero el uso masivo del mismo bien podría afectarles en terminos de liquidez.

Finalmente, queda absolutamente claro que las medidas adoptadas por el gobierno buscan masificar el uso del dinero electrónico para capturar liquidez – al menos momentáneamente -, a pesar que el costo de masificar el mismo no sea nulo ya que afectaría directamente los niveles de recaudación. Así, el efecto esperado es que la recaudación disminuiría a medida que el nivel de desconfianza lo haga y más gente realice pagos a través de este método. A la final, la temporalidad de la permanencia de esos recursos en la plataforma pública, al igual que su movilización dependerá del nivel de confianza del sistema. En este sentido, el gobierno ha decidido introducir la devolución de 4 puntos porcentuales del IVA a los usuarios, que dado el costo potencial de la medida, no es nada más que el precio que el gobierno estaría dispuesto a pagar por el tan necesario nivel de confianza, y muy posiblemente por el tan preocupante nivel de iliquidez.

El elemento mas preocupante sin embargo permanece, y tiene que ver con la posible emisión inorgánica de masa monetaria a la cual se presta el dinero electrónico, lo cual corroería las bases sobre la cual descansa la dolarización; un alto precio a pagar por la mantención de la confianza que dicho esquema monetario mantiene en la economía ecuatoriana.