La emergencia

La respuesta inmediata a la emergencia generada por el terremoto mostró la fuerza y eficacia de la auto-organización de la sociedad. Las redes de información se activaron, se organizaron procesos de recolección de donaciones para los afectados (agua, vituallas, alimentos, medicinas), se instalaron carpas para la entrega directa de las donaciones y para la asistencia a los afectados. La sociedad civil se movilizó en una clara dirección: la solidaridad con los afectados por el terremoto.


En contraste con este movimiento, el comportamiento del gobierno nacional se caracterizó por  un manejo restringido de la comunicación y una voluntad de control de los procesos de auto-organización de la sociedad. Si para la sociedad civil el criterio fue la entrega directa de las donaciones, para el gobierno éstas debían pasar por un proceso de control por parte del Estado, e incluso de etiquetación institucional de las donaciones. En la crisis social generada por el terremoto, el gobierno buscó cooptar las iniciativas de la sociedad civil.

Un modelo distinto se observó en las actuaciones de los gobiernos locales frente a la emergencia. Las acciones tomadas por la Alcaldía del DMQ reforzaron las iniciativas de auto-organización de la sociedad. Puso a disposición de manera inmediata los equipos técnicos y especializados para atender emergencias de esta naturaleza: bomberos, ambulancias y rescatistas. Y se sumó en la recolección de las donaciones en sintonía y coordinación con la sociedad civil, no en competencia con ella.


La emergencia también abrió espacios de encuentro con la sociedad global, activó redes y relaciones por fuera del territorio nacional. Las redes de solidaridad a los damnificados cruzaron las fronteras. Uno de los apoyos más significativos en este sentido provino del vecino del sur, del Perú.
 
La reconstrucción

La emergencia es el tiempo de atención inmediata y urgente a la catástrofe. Luego viene el momento de la reconstrucción. Es un tiempo largo y exige de una planificación particular. En el horizonte que se abre con la reconstrucción,  la principal preocupación es el manejo de los fondos que se recauden para la reconstrucción y cuyas modalidades son distintas: mediante un fideicomiso o por control directo del gobierno. Este tema es un parte aguas: la negativa del gobierno de conformar un fideicomiso se presentó como la voluntad de control sin restricciones por parte del Estado, lo que generó fuerte sentido de sospecha por parte de la Sociedad Civil.

Esta sospecha no es sólo de la Sociedad Civil. Es compartida por el sector empresarial, que aparece como otro actor que tiene su posición y su acción en el campo político. Entre los grupos empresariales y los movimientos sociales existen puntos de coincidencia: los dos sospechan de un uso discrecional y una capitalización político-partidista y económico-fiscal de los fondos que se provengan de donaciones o de recaudaciones fiscales.
 

El proyecto de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana que el ejecutivo propone como el mecanismo legal e institucional para generar y manejar los fondos necesarios para afrontar el proceso de reconstrucción requiere un mayor esclarecimiento de sus alcances y posibilidades de tal manera que los fondos recaudados se orienten a la reconstrucción e impedir que se canalicen para afrontar la fuerte situación de déficit fiscal en la que se encuentra el Estado y que, de una u otra manera, se ha visto incrementada por los efectos sociales y económico-productivos del terremoto.