El terremoto sorprendió desprevenidos a territorios vulnerables en las costas ecuatorianas, especialmente en los cantones de las provincias de Esmeraldas y Manabí, donde habita el 8% de la población del Ecuador, se genera el 5% del PIB nacional, y donde los niveles de pobreza de los hogares medidos por Necesidades Básicas Insatisfechas superan el 90% en localidades como Muisne, Flavio Alfaro y Pedernales.

El terremoto también sorprendió a una economía con un debilitamiento sostenido, donde las principales variables macroeconómicas como el empleo y el consumo se han reducido como resultado de la caída del precio internacional del petróleo y los recortes fiscales anuales de aproximadamente 3% del PIB para 2015 y 2016. Las medidas introducidas por el ejecutivo para equilibrar las finanzas públicas y cerrar un déficit global que bordea los 3.7 mil millones de dólares, se seguían discutiendo en la Asamblea Nacional hasta un día antes del desastre natural.

Aún no se tiene una cifra certera de los daños ni de los recursos necesarios para la reconstrucción del área afectada. El Presidente de la República días después del terremoto habló de alrededor 3 mil millones de dólares y varios años de trabajo para la total rehabilitación de los cantones más afectados. Los cálculos se han movido dentro de este rango tanto en comentarios como en análisis. Por otro lado, para estimar los daños ocurridos en las zonas más afectadas, la CEPAL conjuntamente con Instituciones del Estado, utilizarán metodologías de evaluación diseñadas específicamente para estos desastres y así determinar el monto económico más acertado del daño y de su reconstrucción.

La crisis humanitaria de la zona cero fue la primera gran preocupación tanto del gobierno como de la ciudadanía, el sector privado, y la cooperación internacional. Sin embargo, pasados algunos días estos mismos sectores reaccionaron inmediatamente para contribuir con la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas sin la necesidad de una estimación más exacta de los daños. Las manifestaciones privadas y ciudadanas fueron a través de varios tipos como donaciones individuales de enceres, donaciones de productos, reestructuraciones de deudas en caso de las instituciones financieras, etc. La cooperación internacional abrió las líneas de crédito de contingencia para el Ecuador de aproximadamente 550 M de dólares. El gobierno lo hizo principalmente en términos de política económica a través la introducción de la presentación ante la Asamblea Nacional de laLey Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana. 

El financiamiento externo y las recaudaciones impositivas serán las principales fuentes de financiamiento de la reconstrucción y rehabilitación económica de las áreas afectadas. Así, el gobierno dispone de aproximadamente 550 millones de dólares en líneas de crédito de contingencia; 300 M del BID, 150 M del BM y 100 M de la CAF. Además se está en conversaciones para un crédito de 400 millones del FMI que junto a los otros sumarían aproximadamente 950 M de dólares, menos de 1% del PIB nominal pero que suma al actual nivel de endeudamiento externo del país. Por otro lado, dada la reducción del nivel del Riesgo País del Ecuador, no se descarta la tercera incursión en mercados internacionales del país en la emisión de bonos desde la moratoria del 2008. Actualmente, el país tiene 3.5 mil millones de dólares en Bonos Global.

A pesar que el gobierno ha anunciado que las medidas están enmarcadas únicamente dentro el plan de reconstrucción de la zona cero, críticos y analistas económicos han mostrado posturas opuestas y opiniones de desconfianza acerca del manejo de estos fondos, mientras el gobierno defiende su legitimidad e institucionalidad. Así, aunque los préstamos están enmarcados en la contingencia y coyuntura, siguen siendo contabilizados en el presupuesto nacional como deuda externa. El director de Cordes, ha manifestado que el próximo gobierno deberá pagar aproximadamente 2.5 mil M de dólares en servicio de deuda, siendo una deuda onerosa y de corto plazo, y sin contar con los créditos del terremoto. En la misma línea, el analista Walter Spurrier afirmó que existirá una situación compleja para el siguiente gobierno, dado que los costos no podrán cubrirse con los ingresos petroleros, y que las reformas impositivas generan una estructura de costos muy alta y una economía poco competitiva. Por su parte, el vocero oficial de la Política Económica del gobierno, el ministro Patricio Rivera, afirma que el siguiente gobierno va a recibir una economía el doble de grande en términos nominales, mucho menos pobre e inequitativa, con un stock de capital humano más grande; más infraestructura, nuevos productos de exportación y más talento humano. Dada la realidad, las cifras y los hechos, las dos posturas pueden ser ciertas, sin embargo se estaría comparando dos cosas diferentes, flujos y necesidades de financiamiento versus stocks de capital físico y humano.

 

Por otro lado, la recaudación y captación de recursos estipulados en la Ley Solidaria y de corresponsabilidad ciudadana incluye dentro de lo más importante:

  • Incremento del IVA del 12% al 14% por un año.

  • 0,9% a los patrimonios de más de 1 millón de dólares

  • Un día de sueldo para aquellas personas cuyos salarios son mayores a mil dólares mensuales, por el número de meses correspondiente al múltiplo de mil que corresponda el salario hasta los 5 mil dólares. A partir de ese monto la tabla es progresiva (Ver documento - pag 2) 

  • Incremento de 3% a las utilidades de las empresas.

Entre las más polémicas se encuentra el incremento del IVA, donde los 300 M esperados en términos de recaudación contrapesan la reducción del 15% comparando el primer trimestre del 2015 vs el 2016 de ese mismo rubro. Es más, el mismo SRI ha estimado que éste incremento podría significar una reducción de entre el 25-30% de la recaudación.

Así, opositores y críticos del régimen han propuesto la creación de un fideicomiso para la administración de los fondos recaudados y de esta manera administrar el dinero de una forma más ágil, además de evitar que el gobierno dados los bajos niveles de liquidez disponible, utilice los mismos para financiar su déficit global. Esta afirmación no parece carecer de sentido, especialmente cuando la mitad del déficit global es financiado con un superávit permanente de 3.5 mil millones. De igual forma, a abril de 2016, los niveles de liquidez de las arcas fiscales llegaban solamente a 99 millones. Así, mantener los niveles superavitarios en los flujos permanentes resulta en una prioridad del gobierno, especialmente hasta que los flujos no permanentes no se recuperen con el incremento de los precios del petróleo o la drástica reducción del gasto corriente.

El gobierno por su parte, ha defendido los mecanismos de control de aquel dinero, además de su legitimidad de administrador de recursos públicos. Patricio Rivera, Ministro Coordinador de la Política Económica, ha afirmado que existen varios mecanismos legales explícitos como la garantía de la transparencia del manejo de recursos, y saber rápidamente cuánto ingresa por un concepto y cuánto se va erogando.

El sacudón político y ciudadano de la discusión de las medidas de política económica se cerró el día jueves 12 de mayo con la aprobación del documento final de la Ley con cambios mínimos a lo enviado por el ejecutivo. Lo que ha llamado la atención de la sociedad sin embargo, es la inclusión de los medios de pagos electrónicos, tema que fue ampliamente criticado por la oposición y analistas no afines al gobierno al momento de discutir laLey para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. Así, en el proyecto final de ley se incluyó el incentivo de 2 puntos adicionales de la devolución del IVA a lo ya establecido en la ley, lo que hace a una devolución total de 4 puntos. Parece ser que la afirmación del gobierno de que las medidas propuestas están enmarcadas únicamente dentro el plan de reconstrucción de la zona cero, seguirá siendo discutida en la coyuntura nacional, especialmente por opositores de los medios de pagos electrónicos en manos públicas, al menos hasta que el incremento temporal del IVA y los incentivos a su utilización sean parte de las reglas de juego.