La figura del comercio autónomo es parte integrante de la cotidianeidad de Quito. Este fenómeno es histórico y ha sido parte de sus dinámicas desde antes de su fundación colonial. En el caso contemporáneo este tipo de trabajo tiene que ver principalmente con un mercado laboral formal que no alcanza a incluir a la población sconomicamente activa en su totalidad. Según cifras del INEC (2015), el empleo adecuado representa el 46,0%, el empleo inadecuado es de 49,2% y el desempleo es de 4,3%. La actividad autónoma (también conocida como comercio informal) se ubica en el rubro de empleo inadecuado, que, como se puede ver, representa casi la mitad de la oferta de empleo en el país.
 
El Municipio de Quito, ha venido en las últimas dos décadas (aunque también en otros momentos históricos), ejecutando un proceso de regularización a este tipo de actividad económica, donde uno de sus principales hitos fue la reubicación de miles de comerciantes autónomos que se habían instalado en las calles y fachadas del Centro Histórico de Quito -especialmente a lo largo de la calle Chile- a los "Centros Comerciales del Ahorro" (2003), edificaciones cerradas con locales numerados y separados por paredes. El éxito de esta intervención se da en la parte visible del patrimonio, lo que volvió mucho más atractivo al CH desde el punto de vista estético e histórico. Aun así hay que considerar que Quito, como capital, es uno de los destinos de migración principales del país, lo que multiplica la necesidad de empleo de manera sostenida e indefinida.
 
Han existido varios intentos de registrar a los vendedores autónomos, siempre ejecutados después de haber intentado controlar de manera muchas veces represiva y coercitiva, esta actividad. No compete en este espacio hacer un recuento histórico exhaustivo de esta relación, pero se puede reportar que en este año (El Telégrafo, abril 25) se habla sobre la espera de los comerciantes "informales" a la autoridad municipal para su regularización, donde se reporta que desde el año 2014 están en negociación para obtener sus permisos, pero el proceso -según la noticia- se ha burocratizado, impidiendo la concreción de esta iniciativa. Según Víctor Sánchez, coordinador de la Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha (Fedecomip) “el año pasado, el Cabildo capacitó a mil vendedores; además, entregó 3 mil permisos a quienes iniciaron el proceso en 2014. Apenas se entregaron 500 permisos correspondientes a 2015.” Lo que según el testimonio cuestiona la eficiencia de la Agencia de Control Distrital de Comercio. En la misma noticia se consignan otros datos que muestran que existe un problema burocrático que no permite la fluidez de esta relación entre la institucionalidad y la ciudadanía.
 
Es en este contexto que se evidencia un fenómeno particular en la ciudad, la cada vez mayor presencia de vendedores de jugo de naranja natural en el espacio público de Quito. Esto se volvió tan notorio y preeminente que provocó que la Secretaría de Salud, del Municipio, realice análisis de salubridad de estos jugos. El hallazgo sobre 35 muestras de que un 32% del jugo, exprimido y embotellado en el sitio, no era apto para el consumo humano por presencia de ciertas bacterias (La Hora, mayo 3), causó polémica y gran revuelo en las redes sociales. La mayoría de personas defendían, como en casos de violencia por parte de Policía Municipal hacia comerciantes ambulantes, el derecho al trabajo. Este fenómeno se presenta en un contexto de desaceleración económica -no reconocida por el gobierno- que ha tenido efectos en el mercado de empleo y en la capacidad adquisitiva. Este factor, percibido o real, coadyuvó a la presencia de numerosas adhesiones en redes sociales a favor de los vendedores autónomos de jugo de naranja.
 
Se intentó explicar, también desde la institucionalidad, la proliferación de estos emprendedores por medio de un vínculo con la "mafia" (El Telégrafo, 6 Mayo), situación que solo avivó los ánimos de los vendedores autónomos, así como de los adherentes a esta práctica en redes sociales. Al menos mediáticamente, se llegó a un punto crítico. En sus testimonios los "naranjeros" deslindaron todo vínculo con mafias y cuentan que, como en el caso de Carlos Chamba, quien empezó a vender jugo de naranja embotellado en la calle hace un mes y medio porque perdió su empleo de guardia de seguridad, él adquirió los elementos que utiliza con un préstamo que le hizo un cuñado suyo. Al igual que, Raquel, una mujer indígena que piensa que “está bien que el Municipio controle que uno tenga todo limpio y en orden, pero no debería impedirnos trabajar” (El Telégrafo, 6 Mayo). Así mismo los comerciantes autónomos que durante décadas se han dedicado a la venta de frutas y refrescos naturales en espacios públicos de Quito aseguran que sí se puede garantizar la salubridad de estos productos. Los miembros de las asociaciones de vendedores de frutas autorizadas, tienen todos los permisos que se requieren para ofertar este tipo de productos (La Hora, mayo 6). Es decir es una actividad que ha sido ya regulada y ha funcionado adecuadamente durante muchos años.
 
Dados los hechos, el Municipio ha optado por el camino del respeto al derecho al trabajo, por medio de la regularización de esta actividad. La misma Policía Metropolitana ejecutó un censo, es decir detectó alrededor de la ciudad a quienes ejercen esta actividad, encontrando inicialmente 432 comerciantes: 134, Administración Zonal Eugenio Espejo; 90, zona Eloy Alfaro (sur); Quitumbe, 69; Centro y La Delicia, 42 c/u; Calderón, 29. La Mariscal, 11; Los Chillos, 9. Se prevé que al menos otros 250 comerciantes más ingresarán al registro (La Hora, mayo 12). A la vez se exhortó a estas personas el asistir a capacitaciones para mejorar sus prácticas. El lunes 9 de mayo gran cantidad de estos comerciantes llenaron el Salón de la Ciudad, lo que marcó el inicio de esta constructiva relación entre la sociedad civil y la institucionalidad. (La Hora, mayo 9 -10).
 
Dentro de esta dinámica miembros del Consejo Metropolitano han esgrimido la ordenanza 280 vigente desde el 2012,  que señala en su Art. 1ero: “(...) respetando el derecho al trabajo, tiene por objeto regular las actividades comerciales y de servicios en el espacio público del Distrito Metropolitano de Quito, así como fomentar el desarrollo integral de las trabajadoras y trabajadores autónomos”. Así mismo el artículo 20, numeral 2 establece a los productos perecibles como uno de los giros que pueden ser expendidos de manera regulada en las vías y espacios públicos de la ciudad, además entre los giros autorizados de venta callejera están “alimentos preparados domésticamente, como: refrescos, bebidas, comida rápida, típica o al paso”. Además la ordenanza 539 fomenta emprendimientos populares asociativos, válida alternativa para apoyar a los comerciantes de jugos de naranja. Esta ordenanza, aprobada en 2014, contempla que las entidades y empresas municipales dispongan de al menos el 5% de sus presupuestos anuales para contratos con empresas de la economía popular y solidaria.(El Telégrafo, mayo 10) Es decir se tiene el marco legal para apoyar este tipo de iniciativas.
 
Ya de manera formal, la Agencia Metropolitana de Control Distrital de Comercio, la Secretaría de Salud y la Policía Metropolitana, entidades responsables del censo a los comerciantes autónomos que venden jugo de naranja, serán las encargadas de entregar las autorizaciones temporales para que ejerzan su actividad (La Hora, mayo 12)
Esta coyuntura demuestra que el diálogo debería ser la primera herramienta para el acercamiento a problemáticas complejas para la ciudad. El emprendimiento económico autónomo es una iniciativa positiva como respuesta al des aceleramiento de la economía, aunque más allá de una coyuntura económica, es la demostración de que el ciudadano no está solamente a la espera de dádivas institucionales, sino que trabaja por su propia sobrevivencia. El Municipio, al finalmente reconocer y trabajar de la mano con estos vecinos, demuestra su apertura a la aplicación de políticas desde un enfoque plural, participativo y, principalmente, humano.